Masiva manifestación de inmigrantes africanos en Israel

POR MARCELO KISILEVSKI

Es por una ley que permite encarcelar sin juicio a los “sin papeles”.

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TEL AVIV. ESPECIAL – 06/01/14

Unos veinte mil inmigrantes africanos de Eritrea y de Sudán manifestaron ayer masivamente en la Plaza Rabin de Tel Aviv para protestar contra el trato que reciben de parte del gobierno israelí. En concreto, el reclamo apunta a una ley que permite que los indocumentados, algunos de los cuales trabajan en varias partes del país, sean detenidos durante un año sin juicio. Marchas similares tuvieron lugar también en la ciudad balnearia de Eilat, en el sur israelí.

En los últimos años, ha crecido el número de quienes el gobierno israelí califica de “infiltrados”, en alusión a los inmigrantes que pasan por la frontera sur con Egipto de modo ilegal. En Israel, existen mecanismos para diferenciar a los inmigrantes que sencillamente vienen en busca de trabajo –a los que les corresponde una visa temporaria– de aquellos cuyas vidas peligran si regresan a sus países en guerra civil. A éstos les cabe el status de refugiados. Sin embargo, muchas organizaciones que atienden a esta población en Israel han denunciado que esos mecanismos no terminan de ser aplicados o que se lo hace de modo arbitrario e insuficiente, dejando a miles en situación de indocumentados.

“Luchamos por nuestra vida”, dijo Barhana, un solicitante de refugio de 24 años proveniente de Eritrea y que está hace cinco años en Israel. “Israel ha violado sus compromisos internacionales y nos trata como criminales cuando, de hecho, muchos de nosotros hemos huido por peligro de muerte”.

Miles de ciudadanos de diversos países africanos viven y trabajan en Israel en status de indocumentados. El gobierno ha habilitado por ley un establecimiento en Jolot, en la frontera con Egipto, del que pueden salir, pero se deben presentar al final del día.

Ello les impide de hecho trabajar, pues para hacerlo deberían viajar durante horas en ambas direcciones.

La mayoría de los inmigrantes trabaja en la industria culinaria, en restaurantes y hoteles, tanto en Tel Aviv como en Eilat. El problema ha provocado que muchos establecimientos debieran cerrar sus puertas, lo que muestra las dimensiones económicas del fenómeno. Sin embargo, los manifestantes enfatizan su carácter de refugiados. “No somos trabajadores, somos refugiados políticos”, rezaban sus carteles.

En septiembre, la Corte Suprema había fallado contra la ley sobre infiltración de extranjeros, por la cual se los podía encerrar sin juicio por tres años.

La Corte determinó que la ley violaba el derecho a la libertad. El gobierno logró entonces hacer aprobar una enmienda reduciendo de tres a uno el lapso de encarcelamiento sin juicio. En las últimas semanas, de los 53.000 solicitantes de refugio, la policía arrestó a 150 que fueron hallados sin poseer visados en regla.

Activistas israelíes acompañaron a los manifestantes, entre ellos la ex diputada laborista Yael Dayán. “Son refugiados y no infiltrados. El gobierno debe permitirles trabajar, ello resolvería buena parte del problema”, sostuvo.

Publicado en Clarín, http://www.clarin.com, 6/1/14

No expulsar a los chicos

Hijos de trabajadores extranjeros manifiestan en Tel Aviv contra la nueva Dirección de Migraciones, a principios de mes.

Hijos de trabajadores extranjeros manifiestan en Tel Aviv contra la nueva Dirección de Migraciones, a principios de mes.

Ayer fue postergada por tres meses, por orden del primer ministro Biniamín Netanyahu, la expulsión de 2.800 menores nacidos en Israel, hijos de trabajadores extranjeros y refugiados de África.

A veces me pregunto dónde habrá mecanismos que protejan a Israel de sí mismo, por lo menos cuando se trata de sus propios embrollos morales. Un embrollo moral es aquel resultado colateral que no se había tenido en cuenta a la hora de legislar una regla dictada con buena intención, pero que venía a resolver una situación totalmente distinta.

A la hora de decidir que serán israelíes sólo los hijos de israelíes, o los inmigrantes beneficiarios de la Ley del Retorno (judíos, sus familiares directos y sus descendientes hasta la tercera generación), los primeros israelies, surgidos de una realidad post Segunda Guerra Mundial no tuvieron que responder a la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si hubiera trabajadores extranjeros en Israel, por naturaleza no judíos y no israelíes, que tuvieran hijos en Israel? ¿Qué nacionalidad tendrán?

La respuesta por default es casi violenta: ninguna. Porque la israelidad es sanguínea, y así la heredan aquí tanto judíos como árabes. Pero la ciudadanía de sus padres, en general, es territorial. Un hijo de obreros peruanos no judíos, nacido en Israel, no será israelí ni peruano, ni nada. Ni qué decir de los hijos de padres de distinta nacionalidad que, hasta ayer temían que sus padres fueran separados por la fuerza.

Así va creciendo en Israel un grupo no muy grande, de unos 2.800 chicos, hijos de trabajadores extranjeros y de refugiados de África nacidos en Israel y criados como israelíes, pero que no son israelíes: hablan hebreo con acento israelí (esa erre que yo ya ni sueño con poder aprender), se educan en escuelas israelíes con contenidos israelíes e incluso judaicos, sueñan con ser alguien en esta sociedad, incluido el poder ir al ejército y aportar al país como el resto de sus amigos. En fin, se enamoran, como cualquier ser humano, de la tierra en que nacieron, que es su casa.

El embrollo moral no se resuelve fácil diciendo: sus padres tienen la culpa; vinieron a Israel para trabajar, con visas de hasta tres años, y cuando se les venció se quedaron como ilegales, siguieron trabajando, se casaron o juntaron, y tuvieron hijos. Ahora, ellos y sus hijos nacidos aquí están por ser expulsados por violación a la ley de visado laboral. ¿Por qué no lo pensaron antes?

Porque resulta que las condiciones para su llegada fueron creadas por el estado israelí, bajo presión de los lobbies empresariales a los que les convenía la importación de mano de obra barata del tercer mundo para reemplazar a la palestina, en cuya estabilidad no se podía ya confiar debido a sus repetidos levantamientos y consiguientes cierres periódicos de los territorios. ¿Visas vencidas? El empresariado y distintos sectores de la economía privada bien pueden servirse de los ilegales, que si se quedan es porque hay dónde y para qué. Lo que se dice, una situación win-win.

Israel es el segundo país en cantidad de trabajadores extranjeros después de Suiza. Según datos del Ministerio del Interior, entran cada año 8.000 extranjeros a Israel, más de la mitad de los inmigrantes judíos, lo cual, para hombres del círculo cercano al primer ministro Netanyahu, “tiene significaciones demográficas”. Últimamente se ha creado una nueva unidad de policía, la “Unidad Oz”, bajo una nueva “Dirección de Migraciones” que debe “combatir el mal”, confinando a trabajadores ilegales y gestionando su expulsión a sus países de origen, obviamente con sus hijos.

Ayer, los chicos festejaban la noticia de la postergación del veredicto por tres meses, “hasta que el nuevo gobierno elabore una política al respecto”, según el premier, que tuvo que intervenir personalmente para impedir la expulsión. Hasta el presidente Shimón Peres entendió que la situación ameritaba su participación. Escribió bien:

“Qué pueblo mejor que el que ha sufrido amarguras en los países de su exilio deberá ser sensible hacia el prójimo que vive en su seno”, escribió al ministro del Interior Eli Ishai (Shas). “No podemos permanecer indiferentes al destino de niños y adolescentes. Soy consciente de la complejidad de esta cuestión, pero creo que corresponde que se halle una solución justa, en el espíritu de la tradición y la herencia de nuestro pueblo y en el marco de la ley en esta cuestión”.

Dentro de tres meses, Israel deberá encontrar, como suele hacerlo, otro artilugio legal para extender la situación provisoria que se acaba de inaugurar, o bien para llegar a una resolución permanente de la cuestión, consistente en otorgamiento, si no de ciudadanía, por lo menos de residencia temporaria para chicos nacidos en Israel y sus padres. Es un precio menor, comparado con la expulsión y sus secuelas.